Freddy Castillo Castellanos durante entrevista en VTV

Caso RCTV: “el Gobierno venezolano ha cumplido con un acto administrativo”

 
Castillo Castellanos fijó posición pública a través de VTV (Foto reproducción/ Paco Robles)

Como órgano consultivo, las opiniones del Comité Jurídico Interamericano de la OEA no son vinculantes. Además que su labor es estudiar temas jurídicos y no políticos”

(Prensa UNEY. Sazkia Montagna).- Considerando un deber, como miembro del Comité Jurídico Interamericano de la OEA responder a la declaración pública de su colega Ricardo Seitenfus sobre que Venezuela irrespeta la Carta Democrática en el caso del cese a la concesión de RCTV, Freddy Castillo Castellanos participó, el pasado miércoles 20 de junio, en el programa En Confianza transmitido por VTV y moderado por el periodista Ernesto Villegas.

De entrada aclaró que el tema de RCTV no está en la agenda de las próximas sesiones del Comité Jurídico Interamericano, lo cual explicó de manera detallada a lo largo de su exposición.

Pero, inmediatamente a una pregunta del periodista sobre qué es el CJI, Castillo Castellanos informó que se trata de un órgano consultivo de la OEA. “Por cierto el más antiguo de los cuerpos de esta organización que funciona como una instancia consultiva para todos los aspectos de carácter jurídico que plantee la asamblea de miembros de la OEA. Es también una instancia para realizar estudios relativos a la modificación de normas de derecho internacional para la integración de los Estados y la posibilidad de uniformar la normativa que puede regir para las naciones miembros de la organización”.

Como órgano consultivo –enfatizó- sus opiniones no son vinculantes. Además el CJI se ocupa  de estudiar temas jurídicos y no políticos.

El comité está compuesto por once juristas que son representantes de los Estados miembros y no exclusivamente de su nación de procedencia.

Por ejemplo, señaló que así como su colega Seitenfus no es el delegado de Brasil en el comité, él no lo es de Venezuela. “Yo soy un miembro venezolano en el CJI pero represento a toda  la organización”.

A manera informativa agregó que  este comité se reúne dos veces al año y que en este momento está presidido por un representante canadiense.

Comunicación electrónica

Castillo Castellanos explicó a los televidentes el procedimiento que siguió para confirmar lo publicado en la prensa de circulación nacional.

“Me extrañó que apareciera esa información desde Brasil planteando el señor Seitenfus algo que no ha planteado internamente entre los miembros. Lo usual es que cuando un miembro tiene la iniciativa de incluir un tema, lo haga primero a sus colegas. En este caso no fue así, nos enteramos por la nota de prensa, por lo que me comuniqué de inmediato con él vía correo electrónico el cual tuvo la amabilidad de responder e informarme que efectivamente pensaba hacer la propuesta en la próxima sesión del comité y que ya lo había comunicado un día antes de la declaración a tres miembros que junto con él son ponentes de un tema que sí está en la agenda como es el seguimiento del CJI al cumplimiento de la Carta Democrática en general sin hacer alusión a país alguno, menos Venezuela.

Pero inmediatamente recibí un correo electrónico de otro miembro del comité que al igual que yo consideramos que no debió plantearse públicamente la posibilidad de incluir en la agenda del CJI el caso de RCTV, pero sobre todo está de acuerdo con el planteamiento que yo sostengo en cuanto a que ese no es tema del órgano”.

A juicio de Castillo Castellanos, pretender introducir ese tema en este momento es romper una regla de juego fundamental que es el tratamiento del tema jurídico.

No tienen velas en este entierro

Utilizando una expresión tan popular como ésta, Castillo Castellanos insistió en la intromisión que pudiera significar que el CJI emita una opinión sobre el caso de RCTV.

“Algunos estados o particulares han querido que ese sea un tema de la asamblea de la OEA y no lo fue. De modo que esta prudencia debió aconsejar al señor Seitenfus que había que esperar lo que ocurriera en la asamblea general (y que ya todos sabemos lo que ocurrió) para opinar.

E.V: ¿Estados Unidos intentó incorporarlo?

FCC: Y no pudo incorporarlo

E.V: ¿Quedó atrás el tiempo en el que lo que decía Estados Unidos era palabra santa en la OEA?

FCC: Claro, por fortuna eso es así. Y hay algo más importante que el CJI normalmente cuando trata temas jurídicos, espera que la asamblea le de una pauta o le pida una opinión.

Pero, como jurista, Castillo Castellanos considera que el caso de RCTV es un tema que debe ser tratado en Venezuela como efectivamente está siendo tratado.

“Y lo ha dicho reiteradas veces el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza: el acto administrativo por el cual no se renueva una concesión le compete a la soberanía de un país cuyo gobierno toma esa decisión.

Adicionalmente, ese acto administrativo tiene un control jurisdiccional que también puede ser ejercido y debe ser ejercido por los interesados en Venezuela.

Entonces cómo va a meterse la OEA a dirimir un problema que es de Venezuela, donde además existe un aparato o sistema jurídico que establece un control jurisdiccional en este sentido”.

(En este momento de la entrevista, se transmitió un segmento de la intervención del presidente de EE.UU. George W. Bush en la que denuncia que en Venezuela existe intervención del Estado en las instituciones, usando el término “para bajar instituciones”)

A ello, Castillo Castellanos dijo que ésta es la mejor prueba de que RCTV no es un tema de carácter técnico sino de carácter político.

“Y me refiero al tratamiento que se le ha dado a una decisión administrativa. Se le ha dado un tratamiento desproporcionado, incompatible con lo que la realidad y la lógica indican.

La intervención del presidente norteamericano me permite reforzar la tesis de que el Comité Jurídico Interamericano no tiene velas en este entierro, y si la tuviera es muy debilitada porque sus opiniones no serían vinculantes”.

E.V: ¿Qué pasa si prosperase en el CJI la propuesta del jurista Seitenfus?

FCC: En primer lugar no creo que prospere. Se requiere la opinión favorable de por lo menos de seis miembros del comité, pero en el supuesto de que eso ocurra,  no creo que tenga ninguna repercusión efectiva porque creo que la asamblea de la OEA, que en definitiva es la que tomaría alguna medida (y considerando la postura que ya ha asumido), no va a tomar una acción contraria hacia nuestro país.

Aquí no se ha violentado ninguna norma de la Carta Democrática ni de la Convención Interamericana de Derechos Humanos ni de la Constitución. En definitiva- resaltó - el Gobierno venezolano ha cumplido con un acto administrativo.

 

...Y legítimo

El fluido verbo que le identifica, Castillo Castellanos lo implementó para aclarar algunos puntos concernientes a los conceptos y tergiversaciones que se manejan en el caso RCTV en cuanto a si se trata de un hecho legal o no.

“Esa discusión no es seria, no es una discusión jurídicamente estimable. Ninguna persona que maneje el derecho puede permitirse, sin temor a caer en el ridículo, en establecer una discusión sobre si es válida o no la no renovación. Es sencillamente un asunto normal, absolutamente legítimo y legal la no renovación de una concesión.

 

Como miembro del CJI- OEA, Castillo Castellanos aclaró el tema (Foto reproducción/ Paco Robles)
 

Es decir, la expiración de esta concesión estaba prevista en la misma concesión. Lo interesante de este asunto sería plantearnos si no estaba el Estado en el deber de revisar esa concesión, ese es el punto más importante, más que jurídico, es el punto filosófico sobre el tema”.

E.V: Hay quienes llegan a reconocer, incluso, ese derecho del Estado, pero sin embargo sostienen que es una retaliación política

FCC: No, no. El Estado tiene el deber de vigilar el manejo de esas concesiones, lo que ocurre es que desde hace muchos años la hegemonía mediática en el mundo ha tratado el tema de las concesiones en los espacios radioeléctricos como si no fuesen concesiones de servicio público, como si perdiesen el carácter público del servicio por el hecho de delegarlo, vía concesión, a un particular. 

Libertad de expresión

El tema de la libertad de expresión también fue abordado durante el programa televisivo.

Al respecto, Castillo Castellanos dijo que el sentido de una concesión de servicio público puede ser perfectamente compatible con el respeto a la libertad de expresión “que por cierto tiene su correlato en el deber de informar bien, el derecho de ser informado y de recibir una información veraz que tienen todos los venezolanos”.

A lo cual se preguntó: ¿Por qué ningún gobierno anterior a éste se preocupó en vigilar cómo se desarrollaba la prestación de ese servicio público vía concesión? Y después se respondió: yo digo que si en los años 60 y 70, cuando la UCV y otras universidades de Venezuela comenzaron a hacer estudios críticos sobre el funcionamiento de los medios, como los de Antonio Pasquali, Marta Colomina y Marcelino Bisbal, y los gobiernos hubiesen tomado en serio su rol de supervisores y hubiesen evaluado cómo estaban funcionando, si eso hubiese sido seriamente hecho y no se tratara de esa relación de poder hegemónico que ejercen algunos intereses  económicos a través de los medios de comunicación, yo estoy seguro que se hubieran rescatado muchas concesiones.

Bastaba un informe de expertos de nuestras universidades, que conocen muy bien esa sub -cultura mediática, para no renovar una concesión o para hacer algo que el Estado puede hacer como es revocarla ante su expiración,  por supuesto con razones bien fundamentadas.

E.V: El Dr. Freddy Castillo Castellanos además de ser miembro del CJI es también rector de la UNEY. Por cierto, ¿usted tiene conocimiento de la sentencia que emitió la Sala Constitucional del TSJ que permitió a TVES usar los transmisores y antena de RCTV para salir al aire?

FCC: No conozco en detalles la sentencia, pero...

E.V: Ella ha sido esgrimida como un argumento de que ha habido una confiscación...

FCC: No, no es una confiscación. Se que es una medida cautelar, provisional, por supuesto novedosa, que está dirigida a mantener, tengo entendido, la señal, el uso de esta señal y  la prestación de este servicio.

Pero fíjate que es muy común y además está previsto en casi todos los contratos de concesión. Lo que pasa que las concesiones radioeléctricas se otorgaron con mentalidad privatizadora. Recuérdese que fue otorgada en la dictadura de Pérez Jiménez, y después se continuó una conceptualización distinta violentando el principio jurídico de control del Estado. Por lo tanto está previsto en estos contratos que se reviertan los bienes empleados en la prestación del servicio. En consecuencia, lo que haya adquirido como inmuebles, equipos, maquinarias, pasan a la titularidad del Estado.

Sé que ese es un acto que estaba previsto y visto que no estaba, el TSJ para evitar que el Estado no pudiera poner en  funcionamiento la señal que le corresponde como titular originario, dicta esta medida provisional que no violenta de modo alguno los derechos de los particulares.

A su juicio, durante muchos años las facultades del Estado estuvieron privadas por esa hegemonía de los medios. El sólo hecho de que los venezolanos no tengamos conciencia efectiva de que esos espacios son espacios públicos,  es verdaderamente lamentable y provoca que algunos se confundan con este tema.

Insistió que el Estado tiene perfecto derecho a rescatar una concesión, a no renovarla, y a continuar la prestación del servicio, “pero más que un derecho es un deber”.

Pero citando algo paradojal, que es agradablemente paradójico – para algunos porque se muestra mayor conciencia de nuestros organismos policiales- el pasado domingo (frente a CONATEL) vimos como un pequeño grupo de estudiantes reprimía a un grupo de policías de la Metropolitana, no solamente con piedras sino también con disparos.

También es paradójico que mientras el movimiento estudiantil en el mundo con un historial noble, extraordinario, protesta cuando se violentan derechos colectivos (sociales, económicos y políticos) el movimiento estudiantil venezolano, que surge muy localizado en algunas universidades, protesta la pérdida de oportunidad de seguir explotando oligopólicamente una concesión por parte de un particular. Yo creo que pierde seriedad la historia del movimiento estudiantil que por fortuna sé que no va a incorporar en su elenco de gestas dignas de mención estas ridiculeces de ahora.

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En el segmento final del programa, Castillo Castellanos habló como rector de la UNEY. Dijo que frente a este panorama nacional y temas como el de RCTV, las universidades venezolanas deben estudiar el tratamiento que se le da a la información y el rol del periodista.

Citó el ejemplo que dio esta casa de estudios cuando, dentro del marco del debate nacional sobre RCTV, abrió un espacio plural para dirimir opiniones y criterios. “Deben surgir de estos espacios propuestas de cambios”.

En este sentido, anunció que la UNEY estudia la apertura de un posgrado en Comunicación a partir de su experiencia institucional con egresados en Ciencias del Deporte que trabajan en el ámbito de la comunicación sin tener el título de periodistas.

 
       

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

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